Inmigrantes indocumentados arrestados en Kentucky y otros cinco estados

El gobierno federal entiende que no tiene suficientes recursos para deportar a cada inmigrante indocumentado del país, de manera que está dedicándose a aplicarle las leyes a inmigrantes que caen bajo ciertas categorías. Una de esas categorías es la de aquellos que han sido acusados de cometer crímenes. Como parte de esos esfuerzos, agentes del orden han arrestado un total de 331 personas en seis estados en los últimos 30 días, 49 de ellos en Kentucky, con el fin de deportar a inmigrantes indocumentados capturados en la redada.

La operación, llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los E.U. y otras agencias del orden público, resultó en 12 arrestos en Lexington, 16 en Louisville y otros 12 arrestos en el estado de Kentucky, incluyendo Bowling Green, Covington y Versailles. Esto fue el resultado, de acuerdo al Lexington Herald Leader, de un mes de esfuerzos enfocados en acusaciones criminales y en violación de leyes migratorias.  De las 49 personas arrestadas en nuestro estado, 33 habían sido encontrados culpables de crímenes cometidos en el país. Dos ejemplos son:

  • Un mejicano de 30 años arrestado en Lexington quien tenía condenas por manejar bajo estado de embriaguez (DUI), hurto en tiendas, agresión sexual en cuarto grado, agresión física y violencia doméstica.
  • Un mejicano de 43 años que había sido condenado por violencia doméstica, asalto, asalto agravado y amenazas terroristas fue arrestado y deportado.

Un memorándum del 2014 del Departamento de Seguridad Nacional de los E.U. (DHS, por sus siglas en inglés) dice:

  • Las políticas de aplicación de la ley y deportación priorizan lidiar con aquellos que puedan poner en peligro la seguridad pública, nacional y de las fronteras.
  • Debido a las limitaciones de recursos, el DHS no puede responder a todas la violaciones migratorias o deportar a todas las personas que se encuentran en el país ilegalmente.
  • Debido a estos límites, el DHS usa discreción en la aplicación de la ley para asegurar que el uso de éstos sea dedicado a casos catalogados como prioritarios.

Las prioridades del DHS para la aplicación de la ley civil son:

  1. Amenazas a la seguridad nacional, pública y de las fronteras, incluyendo:
  • Aquellos envueltos o que se sospeche que estén envueltos en terrorismo o espionaje, o que representen un peligro para la seguridad nacional
  • Extranjeros apresados en la frontera o puertos de entrada mientras tratan de entrar al país ilegalmente.
  • Aquellos que hayan sido encontrados culpables de cometer un delito relacionado con pandillas callejeras
  • Extranjeros que hayan cometido una felonía (que no envuelvan elementos de la condena relacionados con su estatus migratorio) o felonía con agravantes.
  1. Extranjeros hallados culpables de cometer delitos menores y aquellos que recientemente hayan violado las leyes migratorias:
  • Aquellos que hayan sido encontrados culpables de cometer 3 o más delitos menores (que no sean infracciones del tráfico)
  • Extranjeros hallados culpables de un delito menor “significativo”
  • Extranjeros apresados en cualquier lugar del país después de entrar ilegalmente o re-ingresar al mismo, y que no puedan probar que han estado de manera continua en el país desde el 1ro de Enero del 2014.
  • Extranjeros que hayan abusado de forma significativa los programas de visa o exención de visa.
  1. Otros infractores de leyes migratorias
  • Aquellos a quienes se les haya expedido una orden final de deportación después del 1ro de Enero del 2014
  • Aquellos que se encuentren en esta categoría deben ser deportados a no ser que califiquen para asilo u otra forma de ayuda, o que el inmigrante no sea considerado una amenaza para la integridad del sistema migratorio, o que existan razones por las cuales la persona no sea una prioridad para la aplicación de la leyes migratorias.

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Attorney Kirby J. Fullerton

Mr. Fullerton’s practice is focused on immigration law. He speaks Spanish, and represents clients in cases before the immigration courts and the Board of Immigration Appeals. He began his career practicing criminal defense, and understands how matters in criminal courts can affect a client’s immigration status. [Attorney Bio]